Por El Planteo

Con Uruguay y Colombia a la cabeza por sus reglamentaciones más desarrolladas para la producción, comercialización e incluso exportación, América Latina avanza en sus marcos normativos para regular la actividad económica del cannabis.

Colombia comenzó con las exportaciones de cannabis medicinal y su futuro es prometedor, con inversiones de empresas locales e internacionales.

Mientras tanto, Uruguay pule su normativa pionera a nivel mundial y de influencia para la región, para agilizar las exportaciones de cannabis industrial y medicinal, y para aumentar la oferta de flores secas para la venta a adultos en farmacias.

En México se trata un proyecto para regular todos los usos del cannabis. Chile es uno de los mayores productores de cannabis medicinal de la región.

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Por su parte, Ecuador aprobó una reforma del Código Penal que excluyó al cáñamo como sustancia sujeta a fiscalización. Además, en octubre el Ejecutivo creó un reglamento para la siembra, cultivo y cosecha del cáñamo con fines comerciales.

La mayor parte de las leyes se orientan al consumo e investigación médica y científica del cannabis medicinal. Sin embargo, en muchos casos las normativas aprobadas de este tipo no se han aplicado, como en México y Perú. En Paraguay, el Ejecutivo vetó la ley que despenalizaba el autocultivo.

En definitiva, muchos países están en proceso de evolución de las normativas, y el margen de mejoras es amplio. Aquí un detalle de cada uno de los casos.

Colombia, país que terminó en punta

Colombia se ha ubicado en un lugar preponderante en la región y de gran potencial en el desarrollo de la industria medicinal y en su posicionamiento internacional.

La Ley 1.787 de 2016 creó el marco regulatorio para el acceso a productos farmacéuticos y a precios controlados en todo el territorio nacional. Esto provocó un marcado interés de inversionistas locales e internacionales.

La normativa permitió a personas físicas y jurídicas acceder a la industria del cannabis a través de cuatro tipos de licencias: de fabricación de derivados, de cannabis psicoactivo, del cannabis no psicoactivo y de semillas. Según la Cámara del Cannabis de Colombia, se han entregado en total 1.000 licencias.

El potencial de ingreso de divisas por exportaciones de cannabis medicinal para 2022 -sobre todo de aceites y semillas- oscila en alrededor de USD 245 millones al año y de USD 8 mil millones para 2032, según un informe de la consultora PxC Colombia.

Asimismo, según Fedesarrollo, para 2030 serían necesarios 26.900 empleos. También añadieron que se requieren entre diez y diecisiete personas para trabajar cada hectárea de cannabis cultivada.

César Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Cannabis de Colombia, dijo a Industria Cannabis que los niveles de exportaciones “no son todavía importantes”. Sin embargo, destacó que “lo clave es que arrancamos”. Esto ubica a Colombia en un selecto grupo en la región.

El país caribeño cuenta con una serie de características que contribuyen a que su industria de cannabis medicinal sea líder en América Latina.

Posee un marco jurídico estable, ventaja competitiva (clima, recursos naturales y suelos apropiados para la agricultura), perfil agrícola, experiencia productiva relevante vinculada a la floricultura y a la industria farmacéutica y voluntad política de sus dirigentes.

Para César Díaz, la “voluntad política” ha sido clave para que el país lidere la producción con respecto a países vecinos. “Hay voluntad política, legislativa y local, de gobernadores y alcaldes. El cannabis medicinal e industrial une al país, a las voluntades públicas y privadas”, afirmó.

Muestra de esto fue la decisión del gobierno nacional de declarar en septiembre al cannabis medicinal como Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE). Tal reconocimiento apunta a darle mayor prioridad al sector, agilizando sus trámites y procesos.

Uruguay, el primero en legalizar: un balance positivo

Uruguay fue el primer país en legalizar completamente la producción comercial de cannabis en sus distintas formas: industrial, médico y recreativo.

Por aquel entonces, en 2013, el eje estaba puesto en la seguridad y salud públicas, más que en el desarrollo de la industria.

Sin embargo, en los últimos años el Estado ha aplicado cambios en la evolución normativa con el objetivo fomentar más la actividad, ante una serie de críticas por su lenta implementación.

Uno de sus defectos fue la insuficiente oferta de cannabis recreativo para la mayoría de los consumidores adultos, que en buena medida continuaron volcándose al mercado ilegal.

El motivo fue que las dos empresas con licencias para la producción recreativa y distribución a las farmacias autorizadas no dieron abasto con los niveles de producción.

Frente a esto, el Estado lanzó una convocatoria que obtuvieron tres firmas, para aumentar la oferta. De este modo, según datos oficiales, el Estado -que fija los precios- espera que las cinco empresas puedan producir un total combinado de 10.000 kilos de flor de cannabis recreativa por año.

Otro dato ubica a Uruguay al tope en la región. “Al 4 de agosto de 2020, Uruguay había generado casi USD 8 millones en ingresos por exportación de flores”, indicó un informe del Marijuana Business Daily, medio estadounidense especializado en el sector. “Casi todos los ingresos por exportación de flores corresponden a envíos con alto contenido de THC, con solo un 6% relacionado con el cáñamo”, amplió el estudio.

Además de las ventas comerciales de cannabis recreativo, el suministro legal total de marihuana no medicinal de Uruguay se canaliza a través de la producción en clubes de cannabis y cultivos domésticos no comerciales. Los cultivadores caseros pueden cultivar un máximo de seis plantas por hogar y cosechar no más de 480 gramos por año.

La actividad ligada al cáñamo, en tanto, permite el cultivo de cannabis con THC no psicoactivo de hasta 1%. El proceso para obtener una licencia se tramita en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Actualmente hay más de 42 empresas con licencia para cultivar cáñamo, de acuerdo a datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

¿Cuáles son los principales logros y cuentas pendientes del modelo uruguayo? Según Diego Olivera, jefe de la Junta Nacional de Drogas en el periodo 2016-2020, uno de los mayores éxitos de haber legalizado la venta de cannabis en farmacias fue que se vendieron cuatro toneladas de cannabis por poco más de USD 5 millones, dinero que no fue a manos del mercado ilícito.

En una columna publicada en un sitio web de noticias de Montevideo, también remarcó que el consumo entre adolescentes no aumentó. Sí subió el consumo entre adultos, pero a ritmos acordes a los tiempos previos a la legalización. “Dinero que no fue captado por las economías criminales y sí por la actividad formal de los empresarios y trabajadores involucrados”, subrayó.

Como contrapartida, dijo que el modelo uruguayo acarrea “rigideces” ligadas a priorizar desde un principio el aspecto sanitarista. Esto provoca “barreras de ingreso y contribuyen a la persistencia del mercado ilegal”.

Algunas de éstas son la obligatoriedad del registro para acceder al sistema, y los grados acotados en el desarrollo de la cadena de producción y distribución para la venta al público.

Por último, el gobierno de Luis Lacalle Pou se encuentra abocado a realizar modificaciones normativas para impulsar el desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo, y fomentar sus exportaciones.

Sectores ligados a la industria cuestionaron que una lectura restrictiva de un decreto de 2015 ha dificultado que las empresas exporten cannabis con fines médicos, ya que el Ministerio de Salud obligaba a que los productos se registraran previamente como medicamentos en el país.

Marco regulatorio del cannabis en Latinoamérica
Marco regulatorio del cannabis en Latinoamérica

México: a la espera de la regulación de todos los usos

En México la regulación del cannabis se encuentra atascada. En 2017, se aprobó la Ley General de Salud que autorizó el cannabis para uso médico, incluidos los productos con alto contenido de THC.

Pero a la fecha no existen procedimientos oficiales para que los pacientes puedan acceder a los productos medicinales. Así, es parte del grupo de países que legalizaron el cannabis medicinal pero la normativa aún no se aplicó.

Una arista importante del caso mexicano es que la Corte Suprema dictaminó en una serie de fallos desde 2015 que la prohibición del cannabis no medicinal es inconstitucional.

Argumentó que la prohibición viola el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad de un ciudadano. Los fallos permiten el cultivo y uso personal de marihuana, pero prohíben la comercialización.

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Asimismo, de la mano con ese camino judicial, el Congreso viene tratando un proyecto desde 2019 para legalizar el cannabis en todos sus usos.

Aún así, han habido múltiples retrasos y cambios en la letra del proyecto. La Corte puso como fecha límite para la aprobación del proyecto el 15 de diciembre de 2020.

Los sectores de la industria local y las empresas internacionales siguen de cerca los cambios normativos. De aprobarse el cannabis en todos sus usos, México sería el país más poblado -aproximadamente 130 millones de habitantes- en regular la actividad por completo, uniéndose a Canadá y Uruguay.

Las esperanzas también se fundan en que la economía de este país es la segunda más importante de América Latina, según el Banco Mundial.

Hugo Álvarez, socio y fundador de la empresa mexicana Canncura, señaló en una columna en Forbes que el valor del mercado nacional del cannabis medicinal en el primer año puede llegar a USD 5.000 millones.

Brasil avanza poco en cannabis medicinal y no hay señales favorables para la industria

El país más poblado de la región es el mayor mercado interno de América del Sur. Aún así, depende completamente de las importaciones porque no se permite el cultivo con fines comerciales.

Tampoco se permite el autocultivo excepto por casos individuales y algunas asociaciones que por fuerza de decisiones favorables y a veces a lo largo de la ley llevan adelante iniciativas ‘ilegales’ de cultivo.

Este año, los avances se han limitado a la aprobación por parte de las autoridades sanitarias de la comercialización y fabricación de productos a base de cannabis y su venta en farmacias, con fines medicinales y bajo prescripción profesional.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) dejó en claro que no permitirá el cultivo de la planta, ni el autocultivo.

En el caso de las empresas que quieran elaborar productos medicinales a base de cannabis, deberán importarlo en alguna forma semielaborada desde otro país.

Brasil permitía, desde 2015, la importación de productos a base de CBD, con prescripción médica, para el tratamiento médico. La nueva aprobación permite dos tipos de prescripciones.

Una para productos con una concentración mayor de 0,2% de THC, para pacientes en situación agravada de salud. Y otra para productos con una concentración de THC menor al 0,2%. En una charla en octubre el presidente Jair Bolsonaro dijo que no habrá espacio para el cannabis dentro del agronegocio brasileño.

Chile, uno de los mayores productores de cannabis medicinal

Por su parte, en Chile la Ley 20.000 (promulgada en 2000 y modificada en 2015) despenalizó el autocultivo con fines medicinales o recreativos, en este último consumo de modo “personal, exclusivo y próximo en el tiempo”.

Existe un proyecto con media sanción en Diputados, llamado Ley de Cultivo Seguro, que se encuentra paralizado en el Senado que busca evitar que, por inconsistencias de la Ley 20.000, los autocultivadores de cannabis sufran la incautación de sus plantas en procesos legales luego de una denuncia, aun sin ser traficantes de drogas, mientras se desarrolla la investigación.

Por otro lado, en junio de este año el Ejecutivo de Sebastián Piñera presentó un proyecto para modificar la Ley 20.000, conocida como la Ley Antinarcos. Su objetivo es desarmar el entramado del negocio ilegal.

Sin embargo, desde Fundación Daya alertaron que la iniciativa -que actualmente se encuentra en tratamiento en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados-, en realidad otorga mayores facultades a los carabineros para realizar las incautaciones.

“Esta modificación podría intensificar aún más la ilegítima persecución del Estado a usuarios medicinales de Cannabis, principalmente madres y mujeres”, denunció la Fundación Daya en un comunicado.

El país trasandino es uno de los mayores productores de cannabis medicinal. En 2016, la organización civil Fundación Daya comenzó a cosechar la granja de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica, con una producción de 1,5 toneladas de cultivo en abril de ese año.

Ecuador excluyó al cáñamo de la lista de sustancias sujetas al COIP

En Ecuador, este año la Asamblea aprobó una ley para regular la actividad del cáñamo, excluyendo al cannabis no psicoactivo (con menos de 1% de THC) de la lista de sustancias sujetas a las normas del Código Penal Orgánico Integral (COIP).

Luego, en octubre, el Ejecutivo creó el reglamento para la siembra, cultivo y cosecha del cáñamo y el cannabis no psicoactivo con fines comerciales.

En este último caso, se trata de siete tipos de licencias para poder ejercer actividades con el cáñamo de uso industrial y el cannabis no psicoactivo, a cielo abierto y en invernadero, para uso de la flor.

Esto potencia el futuro para el sector. Según datos proporcionados por la Superintendencia de Compañías, en Ecuador hay 705 empresas activas que tienen en sus planes productivos asuntos relacionados con la industria del cáñamo o el cannabis

“El Estado tiene que ver esto como una posibilidad de paliar la crisis por la pandemia”, dijo a Industria Cannabis José Dávalos, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Cáñamo Medicinal e Industrial (EcuaCáñamo).

“Esto es una nueva agroindustria, que impactará sobre la generación de trabajo, la reactivación de los sectores rurales y el ingreso de divisas”, amplió. “Además, es un sector que permite integrarlo a otras industrias que están caminando en Ecuador, como bebidas, cosmética, ropa y construcción. No hay que pensar solo en la siembra”.

Por el lado del cannabis medicinal, el presidente Lenin Moreno vetó en septiembre el Código Orgánico de Salud (COS), proyecto que había sido aprobado por la Asamblea Nacional. No fue en particular por temas relacionados al cannabis, sino para impedir el aborto en todos los casos de emergencia médica.

Pero el COS también fijaba las reglas para el uso medicinal del cannabis, luego de un año que la Asamblea aprobara la regulación para la producción y uso medicinal del cannabis y derivados, para utilización terapéutica o de investigación médico-científica. Ahora deberá pasar un año para que la Asamblea pueda retomar el tratamiento del COS.

Paraguay: el Ejecutivo vetó la ley que despenalizaba el autocultivo

En Paraguay las cosas marchan con trabas, aunque últimamente hubo buenas noticias. En agosto, el Senado aprobó una ley de despenalización del autocultivo con fines medicinales.

Sin embargo, el Ejecutivo vetó la normativa, que volvió al Senado. La semana pasada, la Cámara Alta decidió rechazar el veto del Poder Ejecutivo a la ley de despenalización del cultivo del cannabis medicinal. El documento será remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.

La autora del proyecto, Lisette Hazeldine de Barchini -que pertenece a Mamá Cultiva Paraguay, organización que motorizó la iniciativa-, dijo a este medio que esperan “esperanzados” el avance de la ley, ya que los pacientes se encuentran en una “situación de una emergencia porque el gobierno no hace distinciones entre un narcotraficante y una persona que cultiva para uso médico y personal”.

Por otro lado, la Ley 6007 de 2017 creó el programa de investigación y uso de cannabis medicinal. Pero la medida recibió duras críticas porque beneficia a las cadenas de farmacias y genera monopolios en manos de empresas extranjeras.

“Es una ley hecha para que los únicos que puedan proveer el aceite a los pacientes sean las farmacéuticas o el gobierno”, objetó Hazeldine de Barchini.

Uno de los puntos de la Ley 6007 es que el gobierno debe entregar de forma gratuita hasta el 2% de su producción. “Eso hasta hoy es letra muerta, por eso volvimos a insistir con el proyecto”, subrayó la titular del Observatorio Paraguayo de Cannabis.

Por su parte, Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial, afirmó a Industria Cannabis que “todo marcha lento por una indebida burocracia, cuando se podrían facilitar mucho las cosas como en otros países de la región”. También cuestionó el monopolio de las cadenas de farmacias, que están a cargo de toda la cadena de producción.

Con relación a la industria del cáñamo, Hazeldine de Barchini precisó que existe un decreto que establece que las familias de pequeños productores agrícolas poseen un tope de hasta 2,5 hectáreas para los cultivos.

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Sin embargo, como en los casos anteriores, la ley no se aplicó, porque el gobierno de Abdo Benítez habilitó a una empresa extranjera que concentró la producción. “Cultivó 300 hectáreas, y se importaron 10 mil kilos de semillas que supuestamente eran para las familias, pero no hubo ninguna respuesta”, finalizó.

Dificultades para acceder a los productos en Perú

El país andino en 2019 reglamentó una ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Sin embargo, el acceso para los pacientes ha sido limitado por los pocos lugares que lo dispensan.

Los últimos avances se han limitado a nuevas cadenas de farmacias que han obtenido licencias para vender el aceite, importado por empresas extranjeras. La colombiana Khiron inició hace tres semanas la venta comercial de este medicamento en farmacias.

Otras empresas siguen sus pasos. No obstante, la oferta de cannabis medicinal dista de estar completa: falta incorporar productos que ayudan a aliviar dolores crónicos y secuelas de la quimioterapia.

Aunque varias empresas han presentado solicitudes de licencia para producir en Perú, hasta el momento no se ha otorgado ninguna.

 

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